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Boletín de prensa 19 de septiembre de 2011
REVISTA PORTAFOLIO
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA PROPONE REVOLCÓN EN PENSIONES
Gobierno no prepara cambios de fondo.
La reforma del sistema pensional colombiano es un tema recurrente, porque sus problemas no han desaparecido: baja cobertura, difícil acceso, inequidad, desfinanciamiento y elevado costo fiscal, entre otros.
Cualquier alusión a ajustes o cambios sustanciales, como la que hizo a principios del mes el ex presidente César Gaviria, genera reacciones inmediatas, como la del vicepresidente, Angelino Garzón, y se reviven viejas discusiones entre los conocedores (Roberto Steiner, Stefano Farné, entre otros), incluido el Gobierno, que aún no tiene una posición unificada sobre el tema. Todos están de acuerdo en que la reforma es necesaria.
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, dijo que por ahora el Gobierno no está estructurando una reforma, "pero estamos analizando con detenimiento los problemas que aquejan al sistema para encontrar soluciones integrales a estos problemas que se identifiquen".
¿Qué elementos o variables son susceptibles de modificar en el evento de que se decidiera hacer una reforma del sistema de pensiones, que es uno de los problemas del país a largo plazo y que tarde o temprano hay que cambiar, como comentó el presidente Juan Manuel Santos?
El listado para el régimen de prima media (Seguro Social) no es largo, pero es lo suficientemente sensible para alborotar el avispero.
Este régimen propone: aumentar la edad de pensión, hoy en 55 años para las mujeres y en 60 para los hombres; en el 2014 pasarán a 57 y 62, respectivamente. Igualar las edades de pensión, incrementar las semanas de cotización, hoy en 1.200, que irán aumentando 25 cada año, hasta llegar a 1.300 en el 2015; subir la tasa de cotización, hoy en 16 por ciento sobre el ingreso mensual (los trabajadores aportan 4 por ciento y los empleadores, 12 por ciento. Los independientes tienen que asumir toda la carga). Este punto cobijaría a los afiliados a los fondos privados (AFP).
También se reduciría la tasa de reemplazo, es decir, lo que finalmente recibirá el pensionado como mesada. Se ampliaría el tiempo para definir el ingreso con el que se calculará la mesada y no obligará al retiro del trabajador una vez cumpla la edad de pensión, entre otras modificaciones. El asunto está que arde y la mesa apenas se sirve para atender a los ciudadanos.
EL TIEMPO
INICIA EN EL SENADO DEBATE PARA PROHIBIR EL ABORTO
Tres senadores de la Comisión Primera respaldan la iniciativa. Dos se oponen.
En la Comisión Primera del Senado ya comenzó el debate del polémico proyecto que busca prohibir el aborto en el país.
Tres de los cinco ponentes presentaron concepto favorable para volver a penalizarlo en todos los casos, mientras que los otros dos se niegan a dejar morir los tres procedimientos en que la Corte Constitucional lo avaló.
La reforma constitucional, de autoría del senador José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, plantea que no se debe autorizar en ningún caso el aborto, así haya malformación del feto, riesgo de muerte para la madre o violación a la mujer.
La propuesta pretende modificar el artículo 11 de la Constitución Política, el cual quedaría así: "El derecho de cada ser humano a la vida es inviolable y recibirá toda protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte".
Esta tesis la apoyan los senadores Juan Manuel Corzo (Conservador), Roberto Gerlein (Conservador) y Manuel Enríquez Rosero ('la U'), quienes firmaron la ponencia positiva. En esta, se argumenta que "la evidencia científica actual ha permitido alcanzar un reconocimiento al hecho de que a partir de la concepción existe un nuevo individuo de la especie humana".
Se agrega que se debe reconocer el mismo derecho a todos, "ya que una característica del Estado Social de Derecho es la centralidad de la persona, cuya dignidad humana debe ser defendida y protegida por toda la plataforma institucional incondicionalmente, sin excepción alguna".
Salazar dijo sentirse "muy complacido" con la ponencia y señaló que la iniciativa tiene una "enorme trascendencia, porque tiende a preservar la vida del ser humano y a recuperar valores perdidos".
En la otra orilla del debate se encuentran los senadores Roy Barreras ('la U') y Luis Carlos Avellaneda (Polo), quienes se oponen a que se penalice esta práctica. Según Avellaneda, "el aborto, desde el punto de vista de la Corte Constitucional, se justifica".
Agregó que hay una discusión científica de cuándo empieza la vida: "Nos parece que cuando hablemos de derechos, tenemos que hablar de derechos de la persona y la persona tiene sentencia desde el punto de vista jurídico a partir del nacimiento, antes no tenemos persona".
Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión Primera del Senado, espera que la iniciativa se esté votando a más tardar en octubre, y se comprometió a dar garantías para que se dé el debate.
Para que este proyecto sea realidad, debe surtir ocho debates en el Congreso antes del 20 de junio del 2012, por tratarse de una reforma constitucional.
PLAN B DE GILMA J. PARA LOGRAR REFERENDO CONTRA ASESINOS Y VIOLADORES
La congresista no se da por vencida e insistirá en el referendo por firmas.
Gilma Jiménez se ve agotada. Contesta una llamada en la que le informan que una niña indígena, en Pereira, fue violada por un desconocido que, además, le destrozó los genitales con un cuchillo para tratar de evitar que lo identificaran.
"Como dicen las abuelas: parece que el diablo anduviera suelto", dice la senadora al referirse a los repetidos y macabros hechos de violencia contra los niños ocurridos en las últimas semanas: un hombre que entrenó a un perro para que violara a un niño en Chiquinquirá (Boyacá), los dos gemelos de Anzoátegui (Tolima) asesinados, la niña de 22 meses de Tierralta (Córdoba) que falleció después de que la violaran; el niño que a comienzos de semana fue encontrado acuchillado en el río Tunjuelito. Y todo esto ha coincidido con la etapa más álgida del debate sobre su propuesta de referendo que busca la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, que fue hundida esta semana en el Congreso.
Pero Jiménez no se rinde y se jugará otra carta para sacar adelante su inciativa.
¿Por qué el 'no' a su iniciativa?
De unas semanas para acá empecé a sentir un mal ambiente en la Comisión Primera. Y la arremetida fue con todos los juguetes. En el documento de la Comisión Asesora de Política Criminal de Colombia había frases como: "La prevalencia de los derechos de los niños no exige que ante las conductas cometidas contra ellos se tenga que reaccionar de forma necesaria con la sanción más drástica posible". Y yo pregunto: ¿Asesinar a un niño o violarlo con un perro no son cosas lo suficientemente graves?
¿Quiénes son los del mal ambiente?
Congresistas, juristas, fuerzas oscuras. Esto ha sido una cosa muy orquestada. Yo creo que tienen miedo.
¿Miedo a qué?
Lo que los asusta no es la prisión perpetua, es el referendo, que prospere este mecanismo ciudadano.
¿Miedo a que el pueblo decida?
Si. De hecho, ese fue uno de los argumentos para hundir la propuesta: que el pueblo no está en capacidad de tomar este tipo de decisiones. Qué curioso: el pueblo es convocado para elegir a sus gobernantes y para eso sí es capaz, pero no para autorregularse. A los violadores y asesinos de niños les han salido defensores.
Eso último que dijo es muy fuerte: ¿por qué lo dice?
La noche en que hundieron la propuesta escuché cosas del siguiente calado: 'No importa qué delito se cometa, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad'.
¿Y esas personas no merecen una segunda oportunidad?
No, no la merecen, pues atacan al capital más importante de una sociedad. Un país que no defienda a sus niños como lo más sagrado es inviable.
¿Qué piensa de que le digan fascista o populista?
Si es por defender a los niños, poco me importa.
¿Por qué prisión perpetua si ya hay penas de 60 años, como en el caso del padre del niño asesinado en Chía?
¿Sabe cuántos delitos le imputaron? Dos: secuestro y homicidio. Por un solo delito no hay probabilidad de que den una pena así. Pero, además, hay una diferencia muy grande entre los 60 años y la prisión perpetua: el mensaje a la sociedad. A mí me encanta la justicia anglosajona: 'tres prisiones perpetuas más 80 años más'. Es una forma de decirle a esa persona: usted le hizo algo tan grave a la sociedad que se necesita que nazca 3 veces.
¿Por qué insiste tanto en la cadena perpetua?
Porque estoy convencida de que el día que se convoque este referendo nos vamos a acostar siendo una sociedad y nos vamos a levantar siendo otra.
Por firmas
El plan 'B' de Gilma
¿Cómo surgió su plan B?
Hace 15 días no tenía plan B, pero un constitucionalista que me dijo: 'esto lo puede convocar directamente'. Yo no conocía la figura de la ley 134 de 1994 que es la que regula los mecanismos de participación ciudadana en su artículo 32. Y esa norma dice que un número de personas no menor al 10 por ciento al censo electoral nacional, departamental, municipal o distrital, según el caso, podrá solicitar ante el registrador del estado civil correspondiente la convocatoria de un referendo.
¿Qué necesita para ello?
La ley es clara. Ya tenemos 1'800.000 firmas y si el censo electoral es de 30 millones, pues necesitamos 1'200.000 firmas más.
¿Cree que va a recibir apoyo ciudadano?
La inmensa mayoría de este país no quiere que violen ni maten a nuestros niños.
ASPIRANTES QUIEREN CONVERTIRSE EN CANDIDATOS GRACIAS A LAS TUTELAS
La Registraduría ha recibido estos recursos de aspirantes que buscan inscribirse por orden judicial.
Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anulado cerca de 300 inscripciones, ya son más de 40 los aspirantes que quieren convertirse en candidatos gracias a las tutelas.
Según Alfonso Portela, registrador delegado para lo Electoral, en las últimas dos semanas se recibieron cinco tutelas diarias en promedio.
Las pretensiones se reducen a que un juez le ordene a la Registraduría habilitarlos para los comicios de octubre.
Las razones que invocan son varias: que un partido les había dado el aval y luego se lo quitó, que los retiraron para cumplir la cuota de género, que les negaron el aval sin razón o que les violaron el derecho a ser elegidos.
Cuando se trata de candidatos a cargos uninominales, es decir, alcaldías o gobernaciones, no hay problema. El lío se da cuando hacen parte de listas, pues en muchos casos estas ya están completas y en otras se puede dar un desequilibrio en la cuota de género: las listas deben estar conformadas al menos por un 30 por cierto de mujeres.
Para Joaquín José Vives, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), las decisiones de los jueces son para acatarlas. Sin embargo, dijo que en muchos casos será necesario pedirle al juez que resuelva a quién se retira de la lista para incluir al nuevo candidato. No descartó que esta semana el CNE se vea envuelto en "una tempestad de tutelas" por parte de candidatos a los que la corporación les rechazó la inscripción.
Pero el lío no es solo de la Organización Electoral. Los partidos también tienen tutelas pendientes de aspirantes a los que les negó el aval.
'MIS VIAJES SON LEGÍTIMOS": MAGISTRADO NÉSTOR CORREA
Néstor Raúl Correa Henao, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Justificó sus viajes y negó que algunos de ellos tuvieran que ver con el lanzamiento de su libro.
El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Néstor Correa Henao justificó este viernes los viajes que ha realizado durante los 6 meses que lleva en el cargo y aseguró que son legítimos.
En respuesta a un informe de ELTIEMPO.COM, Correa aseguró que no ha hecho 18 sino 16 viajes -que han durado 44 días- y que estos buscaban "recoger inquietudes y necesidades de la Rama Judicial".
También negó que algunos de esos viajes tuvieran por objeto el lanzamiento de su libro 'La Constitución para todos'.
Este diario, que intentó sin éxito que el magistrado diera sus explicaciones antes de la publicación, tiene documentos de la Judicatura que reseñan 18 viajes.
En dos cartas en las que solicita autorización al presidente de la Sala Administrativa, Correa menciona entre la justificación de sus desplazamientos a Cali y Medellín la presentación de su obra.
Finalmente, el magistrado expresa su extrañeza de que la información sobre sus viajes aparezca días después de presentar a sus colegas una constancia en la que proponía cambiar al actual presidente de la Sala Administrativa -Alfredo Escobar- y derogar el Acuerdo en el se creaban 13 cargos de magistrado auxiliar para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
EDITORIAL: CAMBIOS NECESARIOS
La ley 975 de 2005, o de 'Justicia y Paz', pide cambios hace rato. Definida como el marco transicional para el procesamiento de los crímenes cometidos por los paramilitares, la normatividad nació con el difícil reto de equilibrar las dosis de verdad, justicia y reparación a las víctimas en medio del conficto.
Después de seis años de implementación, el balance global no solo es precario sino también amenaza con echar por la borda los esfuerzos de paz del Estado colombiano en este proceso. Atacar algunas falencias de la legislación es la motivación principal de la Fiscalía General de la Nación al radicar la semana pasada el proyecto de Ley 096.
Los 13 artículos del texto apuntan a resolver cuellos de botella 'procedimentales y sustanciales' que van desde agilizar los procesos para lograr más sentencias hasta definir los criterios de exclusión de los ex combatientes. Además, busca regular la entrada de más bienes a las cuentas de la reparación, así como excluir al ente de la investigación de los daños colectivos.
En palabras de la fiscal Viviane Morales, en la exposición de motivos, "para que la tarea encomendada pueda llevarse a cabo en tiempos razonables es indispensable que la ley contemple etapas procesales más ágiles y expeditas". Es decir, la sociedad colombiana deberá aceptar una dosis mayor de impunidad en las atrocidades de los 'paras' y que muchos delitos no terminen en condenas.
Las estadísticas le dan la razón a la alta funcionaria. La carga de los 26.086 hechos confesados por 4.634 postulados que involucran a 350.000 víctimas registradas no ha podido ser tramitada con celeridad. Faltan las versiones libres de 1.855 desmovilizados y casi 300.000 agredidos no han podido participar. El ritmo de los procesos es absurdamente lento: solo cuatro sentencias en seis años y ninguna contra un cabecilla de primer nivel. Para investigar y condenar todas y cada una de estas decenas de miles de crímenes que comprometen a miles de ex miembros de las Auc se requerirían recursos con los que el Estado no cuenta y años que pondrían en riesgo la meta de la reconciliación.
Para abordar este dilema, la Fiscalía propone al Congreso una salida polémica: "establecer prioridades que permitan investigar de manera preferente". Tal como sucedió en Guatemala y Bosnia, el ente investigador escogería casos emblemáticos de acuerdo con criterios establecidos. En el articulado radicado ante la Cámara de Representantes, estos serían el rango de los responsables, la gravedad de las atrocidades y el tipo de víctimas. De ser aprobada esta modificación, Morales podría escoger procesos contra los máximos jefes 'paras'.
Llegó el momento de reconocer que en un proceso de transición como el actual lo perfecto es enemigo de lo bueno. La ley de 'Justicia y Paz' necesita en esta segunda fase ceder su abordaje maximalista y ajustarse para cumplir con las expectativas de justicia de la sociedad colombiana y de los órganos internacionales de derechos humanos. Como lo afirma la Fiscal, estos escenarios "no son ideales, pero sí necesarios".
Sin embargo, este paquete de reformas no contempla la totalidad de los vacíos de esta legislación. Quedan pendientes tanto el debate de la vigencia de la ley para que cobije miles de desmovilizados cuya situación no es clara como el marco de herramientas transicionales más flexibles.
Precisamente para este último punto se radicó la semana pasada en el Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitiría criterios de priorización y abriría la puerta de los cargos de elección popular a los miembros de grupos armados ilegales. El debate para definir estos ajustes está abierto.
EL ESPECTADOR
PRIMEROS OPOSITORES A EVENTUAL REFORMA PENSIONAL
Ante la posibilidad de que amplíen la edad para que los colombianos adquieran la pensión, ya aparecen los primeros opositores a esa iniciativa que, al parecer, es inminente.
Desde ahora, aún sin conocer los términos de una reforma pensional que alista el Gobierno, han aparecido los primeros opositores a esa posibilidad.
En medio del debate que despierta tan álgida iniciativa, desde ahora están quienes se oponen a un eventual aumento de la edad para poder acceder a la pensión.
El representante a la Cámara por Bolívar, William García Tirado, dijo que la sola propuesta “se cae por su propio peso”.
Según él, esto terminaría afectando a miles de colombianos dentro y fuera del país.
“Es el colmo que en vez de buscar soluciones concretas le traslademos el problema a los colombianos que cada vez tienen más obstáculos para alcanzar una pensión”, manifestó.
“El ministro de Hacienda debería estar estudiando en una solución seria, no en achacarle el problema a los colombianos que tanto esfuerzo hacen para alcanzar una pensión; la sola iniciativa es una falta de respeto con el país”, destacó.
García indicó que estudia la posibilidad de presentar una iniciativa que blinde a los colombianos de tajo de cualquier modificación al aumento de edad pensional y señaló que busca proponer que por lo contrario se disminuya la edad para adquirir una pensión.
El congresista indicó que planteará el debate que busca crear pensiones especiales para profesiones de alto riesgo entre ellas la de periodistas y comunicadores.
El tema ya despertó peleas
Un agudo rifirrafe se desató esta semana por cuenta de la propuesta de aumentar la edad de jubilación para solucionar la crisis de sostenibilidad del sistema pensional del país.
Al conocer que el expresidente César Gaviria Trujillo es partidario de esa posibilidad, como lo expuso en el congreso de Fasecolda la semana pasada en Cartagena (Bolívar), el viernes el vicepresidente Angelino Garzón criticó esa idea.
“Si la reforma pensional la reducimos a aumentar la edad le estamos haciendo un engaño a la población”, aseguró Garzón.
“Que el aumento del salario mínimo se concerté y se incremente por encima de la inflación causada…miseria es contraria a la democracia y miseria es contraria a una política integral de los Derechos Humanos”, agregó.
En ese sentido, este martes el expresidente Gaviria le envió una dura carta a Garzón, donde a modo de regaño, le recuerda que la reforma pensional surgió del interior del mismo Gobierno.
“Comienzo por decirle que quien anunció una reforma pensional para el año entrante fue el Ministro de Hacienda y Crédito Público”, sostuvo.
Y lo conmino a que “los pormenores” de lo que piensa hacer el gobierno se los pregunte al mismo Juan Carlos Echeverry.
“Hay varios elementos que deben ser reformados para darle solidez y fortaleza a un sistema que ya vale 63 billones de pesos y estoy totalmente con usted en que la reforma debe ir mucho más lejos que tomar solo uno de los elementos del sistema”, añadió en su misiva.
TRÍO DINÁMICO
Notas de buhardilla
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Salud Hernández, esa señora arrogante que llegó a Colombia después de haber asesorado a Mario Conde, el responsable de la más grande estafa que se haya perpetrado en España en los últimos tiempos, aquí la convirtieron en diosa de la gran prensa.
Valida de esa prerrogativa, sentenció a muchos y ha absuelto a los de su entorno, y hasta se prestó para desprestigiar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como lo orquestó el DAS, pero nada le ha pasado. Hoy, estando de vacaciones en Madrid, se conocen pruebas irrebatibles de lo que se rumoraba de tiempo atrás: que ella también seguía el libreto del exparamilitar Carlos Castaño —para ella “Estimado Comandante”— según lo reveló Vladdo en Un Pasquín. “Digan la mierda que quieran de mí. Me da igual”, fue la respuesta de Salud a quien legítimamente le pedía explicaciones en nombre de los miles de lectores que han caído en sus artículos y entrevistas.
Como muy bien lo preguntó Vladdo en su twitter ¿qué diría la ultraderechista Salud, si un periodista colombiano, por ejemplo, tuviera correspondencia similar con un jefe de Eta y lo denominara “Estimado Comandante”?
El señor Jorge Noguera, exdirector del DAS del Gobierno de la seguridad democrática, es condenado a 25 años de cárcel por permitir la infiltración de paramilitares en el otrora organismo civil de inteligencia y por haber asesinado al profesor y sindicalista Alfredo Correa de Andreis, quien meses antes le suplicaba por su libertad a Álvaro Uribe Vélez. El expresidente, que hace cinco años prometió pedir disculpas si resultaba condenado su pupilo, se las ingenió para faltar a su palabra. En efecto, primero trinó desde su twitter, planteando unas disculpas condicionadas, que es lo mismo que nada, pues a pesar del contundente fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, expresó que si Noguera “hubiese delinquido” él le pediría perdón al país. ¿Cómo así? De modo que la más alta corporación de la justicia penal ordinaria dice que alguien delinquió, y el exmandatario pone en duda esa decisión que no sólo compromete a su “buen muchacho” sino todo su gobierno. Pero no contento con ese esguince dialéctico de mala factura, unas horas después, volvió a trinar para retirar sus tibias excusas iniciales y alegar que no hay prueba del responsable del asesinato del profesor barranquillero. ¿Qué estarán pensando los deudos de Correa de Andreis?
Un grupo de personas de nombres sonoros, lideradas por Fernando Londoño Hoyos, el “Héroe de Invercolsa”, publican un costoso aviso de toda una página en la edición dominical de El Tiempo, reclamando que se libere al coronel Plazas Vega, hoy preso por la desaparición de varias personas en el Holocausto a la Justicia, y tan notoria promoción pretenden que se interprete como una muestra de la libertad de expresión, y no como lo que significó: una intimidación a los jueces para que lo absuelvan. Y para coincidencias extrañas, a renglón seguido se produce la declaración del nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, general Navas, calificando de “héroe nacional” al coronel Plazas, disfrazada con la sutileza de que ello no pretende presionar a la justicia. Como muchos otros colombianos, sentí escalofrío oyendo al alto oficial; por eso sería bueno saber qué piensa el presidente Santos de tan encumbrado subalterno. A propósito ¿será que esa regla de oro de nuestra democracia, según la cual la milicia no delibera, fue derogada?
Adenda. Si Angelino Garzón no está de acuerdo con las evaluaciones de la pobreza que hace el Gobierno, pues debería renunciar y continuar haciendo política pero desde el pavimento, no en la Vicepresidencia.
DEFENSA PRECAVIDA DE LA JUSTICIA
Por: Mauricio García Villegas
Quizás el mérito más grande que tienen los jueces en Colombia es su independencia respecto del poder político.
Hay que ver lo que sucede en el resto de América Latina (en nuestro vecindario) para valorar la manera como los jueces en Colombia juzgan y condenan a los políticos corruptos. En un país en donde la democracia representativa funciona mal, la independencia judicial es su tabla de salvación. Es que, para no ir más lejos, si en Colombia no tuviéramos una justicia independiente el proceso de la parapolítica nunca habría existido, Noguera y los paramilitares serían dueños del DAS y estaríamos viviendo el tercer período del presidente Uribe (claro, no faltará quien me diga que estaríamos mejor).
Dicho esto, también hay que aceptar que cuando la independencia judicial se combina con la falta de transparencia, crea malas mañas: clientelismo, mediocridad, ineficiencia, etc. No creo que estos defectos sean generalizados en la rama judicial, pero existen y deberían ser corregidos.
Un buen sistema judicial tiene que tener un balance adecuado entre la independencia y la obligación de rendir cuentas.
¿Qué tan desbalanceada es nuestra justicia? Es difícil generalizar. Son muchos los organismos que componen la rama judicial y no todos funcionan de la misma manera, ni tienen las mismas relaciones con la política y con la sociedad. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional, quizás por la mayor visibilidad que tiene y por la buena calidad de muchos de sus magistrados, parece tener un buen equilibrio entre independencia y rendición de cuentas. En el Consejo de Estado, en cambio, el balance parece más dudoso y una prueba de ello es el hecho de que allí todavía funciona esa vieja práctica del Frente Nacional de nombrar magistrados según la regla de la paridad entre liberales y conservadores.
Pero el desbalance mayor ocurre, a mi juicio, en el Consejo Superior de la Judicatura: su sala disciplinaria (convertida en un fortín político durante el gobierno anterior) es de lo más poco presentable que existe en el mundo de los altos funcionarios del Estado. La sala administrativa, por su parte, si bien tiene más independencia política, parece víctima de las viejas mañas endogámicas de la justicia (ver la columna de Cecilia Orozco del 6 de septiembre pasado). Conseguir información pública en el Consejo es una proeza: conozco a una estudiante de doctorado en Francia que lleva meses tratando de obtener las hojas de vida de los magistrados que allí laboran. ¡Las hojas de vida! No está pidiendo una copia de su declaración de renta (que también debería ser pública).
El tema de la independencia judicial (algo que no fue previsto para amparar privilegios sino para defender el Estado de derecho) será muy importante durante los próximos meses, cuando entremos de lleno en el debate sobre la reforma judicial que cursa en el Congreso. Lo menos adecuado que puede hacer la justicia en estos momentos es adoptar una actitud de defensa corporativa. Incluso si sus problemas son los de unas pocas “manzanas podridas” (para usar la consabida metáfora militar) debe prevalecer la autocrítica.
Durante el gobierno pasado, cuando la supervivencia del Estado de derecho estuvo en vilo, la defensa de la justicia era un imperativo político, legal y hasta moral. Pero el tamaño de la amenaza nos hizo olvidar los problemas de la rama judicial. Hoy las cosas han cambiado. Pues bien, con el mismo espíritu de defensa de la justicia (y de su independencia) me parece que es necesario adoptar una actitud más crítica respecto de lo que allí sucede.
EL NUEVO SIGLO
PROCURADURÍA EXIGE QUE DELITOS DE FAMILIA NO SEAN QUERELLABLES
Establecer como delitos no querellables la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria, solicitaron al Congreso el ministerio Público y organizaciones de mujeres.
La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de mujeres adviertieron con preocupación que la Ley con la que se reformaron diferentes códigos, establece nuevamente la querella como requisito para dar inicio a la acción penal, en relación con los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.
Lo anterior implica que solamente las víctimas de estos delitos podrán denunciarlo ante las autoridades, de manera que ya no podrán ser investigados de oficio o denunciados por cualquier persona, lo cual traerá como consecuencia que las víctimas, en cualquier momento, podrán dar por terminado el proceso penal al desistir del mismo o en virtud de una conciliación o transacción con su agresor o agresora.
De acuerdo a lo argumentado por las organizaciones, la derogatoria de la Ley, que de manera expresa establecía la violencia intrafamiliar como delito no querellable, pone a las mujeres del país en una especial situación de desprotección, ya que la iniciación de la investigación penal está sujeta al consentimiento de las mismas y, en alguna forma, supone un retroceso a la protección especializada.
Igualmente aseguraron que el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011 podría configurar una barrera para la protección de los derechos de las mujeres, en el sentido de afianzar la creencia de que la violencia que afecta a las mujeres dentro de su contexto familiar es un asunto privado sustraído a la injerencia estatal y a su poder punitivo y, por lo tanto, tolerada en la sociedad.
LA JUSTICIA Y EL MINDEFENSA
MAURICIO BOTERO MONTOYA
“Por ahora renquea en la época de la Colonia”
La Justicia colombiana está en crisis. Los pleitos civiles pueden demorar veinte o más años. Los jueces no cumplen los términos, no hay afán. Los fallos por tutela son los únicos expeditivos. Salvan vidas. Son el recurso de una gente desesperada para que funcione el aparato paquidérmico del Estado en asuntos urgentes como la salud. Entonces, ¡hay quien quiere acabar con la tutela! Que el pueblo aguante, los jueces ni se mosquean. Sí, hay que reformar a la Justicia. Que se abra siquiera al siglo XIX, pues por ahora renquea en la época de la Colonia. En esta era electrónica de masas, el delito adquiere proporciones industriales. No son crímenes encarables por Agatha Christie o el inspector Poirot, son mega-tendencias delincuenciales las que predominan.
Los negocios se mueven a ritmo vertiginoso. ¿Cómo es posible que una sentencia civil tarde entre cinco años y un cuarto de siglo? Algunos abogados instruyen a sus hijos abogados para actuar en ese lejano futuro. Saben que no verán el fin del pleito. Los magistrados no se sienten obligados a trabajar en serio. No tienen juez inspector que los ronde. Es el caso del Tribunal de Cundinamarca, que tiene hace 15 años, más o menos, una acción popular por el pago de “lo no debido” a UPAC. Esa acción popular es una figura que se suponía agilizaría la acción de la Justicia. Miles de perjudicados han quedado viendo un chispero, mientras los lerdos magistrados hacen ovillos.
El Gobierno anterior tuvo todo en la mano para haber reformado la Justicia. Pero en su afán de reelección optó por sobornar al Congreso vía oferta de notarías; así las cosas, le quedaba algo indecoroso al mismo tiempo reformar a la Rama Judicial. Ahora el gobierno Santos parece logrará una reforma que lleve al dinosaurio al siglo XIX. No hay que pedirle más. Ya eso sería un gran salto y la propia Rama Judicial está de acuerdo. Si ello supone darle 5% del Presupuesto, hay que hacerlo. Pero exigirle cumplimiento de términos, celeridad, eficacia.
El problema delincuencial se encara mejor con eficiencia punitiva. Y esa ruptura a la impunidad es preferible a penas kilométricas teóricas. Genera más resultados, como decía Alfonso Reyes Echandía. En lo civil ocurre lo propio. Resarcir veinte años más tarde al perjudicado, no es “hacer justicia”. Si más de 7% va a las Fuerzas Armadas es justo proporcionar 5% a la Justicia. Con esas condiciones. En cuanto al nuevo Ministro de Defensa, hay que notar su prudencia al decir que “nuestra generación” puede llegar a ver la paz. Es un contraste con la ministra de Guerra del gobierno Uribe que aseguraba que en dos años habría roto la columna vertebral a las guerrillas. Amaneció y no vimos. Pero esa clase de promesas ambientaron la ilegítima reelección. Nos salvó de la tiranía precisamente el histórico fallo de febrero de 2010. En el último período de Uribe se embolató algo equivalente a un Presupuesto Nacional. De modo que no es excesivo reformar la Justicia. De todos modos es mejor reformarla a través del Congreso y
consultando con ella, que chuzándola o insultándola, como otrora.
Es mejor no prometer que un problema sistémico como la violencia agraria se va a solucionar a bala en dos años. No señores, a pesar de anacronismos, estamos en la segunda década del siglo XXI.
REFORMA A LA JUSTICIA -II-
RODRIGO POMBO CAJIAO*
“Frente a ese problema se diagnostican distintas causas”
EN mi calidad de Presidente de la Corporación Pensamiento Siglo XXI fui invitado a presentar ponencia el pasado 14 de septiembre en la audiencia pública sobre la reforma a la Justicia que se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado de la República.
Tengo que confesar que quedé estupefacto, sorprendido y anonadado con la gran mayoría de intervenciones de mis contertulios. Si como lo expliqué en la columna anterior me pareció triste y grave la concepción tan anacrónica sobre la cual se asientan las iniciativas del Gobierno nacional y del Consejo de Estado, mucho más la concepción que de la justicia tienen la gran mayoría de académicos, gremios y estudiantes de Derecho.
En pleno siglo XXI, en plena era contemporánea, hay voces que insisten en que la administración de justicia es un servicio público esencial el cual únicamente puede ser administrado por jueces de toga y martillo, por servidores públicos de la rama judicial esto es, por abogados pertenecientes a una carrera judicial.
Dentro de esa concepción se tiene el problema: en Colombia NO existe administración de justicia. De igual modo, frente a ese problema se diagnostican distintas causas y, por supuesto, frente a las distintas causas tenemos diferentes soluciones.
Así, por ejemplo, el Gobierno cree que las causas del problema residen en la concepción normativa mientras que el Consejo de Estado considera que las causas son la ausencia de presupuesto, el incumplimiento de sus deberes constitucionales por parte del Ejecutivo y la creación de nuevos derechos con nuevas acciones de defensa.
De ese modo tenemos que, por un lado, se parte de la retrógrada concepción de que la administración de justicia es un servicio público esencial y, por el otro, que para conjurar la crisis de la ausencia de justicia se tienen que cambiar las leyes, incrementar el presupuesto judicial y obligar al Ejecutivo a pagar cuanta solicitud se eleve al Estado.
Los estudios de campo, la teoría política y jurídica contemporánea y la experiencia del litigio concluyen algo muy diferente y es que el grande problema de la administración de justicia es la precariedad intelectual, humana y de carácter de los operadores jurídicos, especialmente de los jueces y magistrados.
Por supuesto que este diagnóstico de Perogrullo no podía ser ofrecido por el Ejecutivo y mucho menos por el judicial en tanto que no sería políticamente correcto. Sin embargo, todos sabemos que es la verdad. Y si partimos de este diagnóstico y de estas causas llegaremos a conclusiones diametralmente distintas a las consagradas en las iniciativas del Gobierno como del Consejo de Estado.
REVISTA SEMANA
JUSTICIA PARA LOS MILITARES
Por León Valencia
No se debería perder la oportunidad de ligar la paz con la decisión de ofrecer una justicia igual para las fuerzas irregulares y los agentes del Estado comprometidos en violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Soy consciente del malestar que causan en las Fuerzas Armadas las altas condenas a militares implicados en graves crímenes contra civiles. Me doy perfecta cuenta de la dolorosa diferencia entre una sentencia de treinta años para el coronel Alfonso Plazas Vega y las penas de menos de ocho años para los jefes paramilitares cobijados por la Ley de Justicia y Paz.
También percibo la ira que suscita el hecho de que guerrilleros que firmaron la paz en los años ochenta y noventa disfruten de amnistías e indultos mientras miembros de la fuerza pública que participaron en acontecimientos de violencia de esa época son juzgados ahora de manera severa.
Pero estas injusticias no se corrigen chocando contra las Cortes, como lo acaba de hacer el general Navas, comandante de las Fuerzas Armadas, al calificar a Plazas Vega de héroe nacional y expedirle un certificado de inocencia. O recurriendo a la maniobra de reformar la Constitución para otorgar el beneficio de excarcelación a los militares que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia y para crear una jurisdicción especial y transitoria que revise todas las sentencias condenatorias de miembros de la fuerza pública, como lo ha propuesto el expresidente Uribe. O pidiendo que se retorne a tribunales exclusivamente militares para juzgar a militares.
El único camino es aceptar la extrema degradación de nuestro conflicto y echar mano de la justicia transicional para ofrecer una salida a una parte de los más de cuatro mil militares que están vinculados a acciones contra civiles y a los miles que serán vinculados en los años venideros. No hay otra solución. No podemos saltar por encima de las condiciones que impone ahora la justicia mundial en casos de violaciones masivas a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Lo que ha ocurrido en Colombia es un verdadero holocausto. En la feroz disputa por el territorio, por las rentas y por el poder local que se ha librado en los últimos veinte años entre el Estado, los paramilitares y las guerrillas se han cometido todo tipo de atrocidades contra la población civil. Ya la Fiscalía le atribuye a la expansión paramilitar 177.000 muertes y 34.000 desapariciones forzadas, y el destape de esta verdad y de las verdades de la guerrilla y de la fuerza pública apenas está comenzando.
La justicia transicional ha sido concebida precisamente para conflictos como el nuestro. Juzga todo lo que no es hecho legítimo de guerra. Se aplica tanto a las fuerzas irregulares como a los agentes del Estado. Tiene como emblema conseguir la no repetición de los hechos y como espíritu, alcanzar la reconciliación. Ni es absurdo ni es deshonroso que los militares y policías que, en los avatares de una guerra tan larga como degradada, se hayan desviado de sus funciones tengan la alternativa de acudir a la justicia transicional para aportar a la verdad y a la reparación a cambio de disminuir sus penas y aliviar sus condenas.
En este momento se están presentando al Congreso de la República dos iniciativas que deberían incluir abierta y claramente apartados referidos al modo de juzgar a los militares implicados en crímenes contra civiles en medio de la guerra. Una es el Marco Jurídico para la Paz, propuesto por el senador Roy Barreras, y la otra es la reforma a la Ley de Justicia y Paz, que propone la Fiscalía. No se debería perder la oportunidad de ligar la paz con la decisión de ofrecer una justicia igual para las fuerzas irregulares y los agentes del Estado comprometidos en violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Los militares reclaman con insistencia tribunales que conozcan los secretos de la guerra, que puedan diferenciar entre hechos legítimos de la confrontación, errores involuntarios de los militares y actos deliberados y calculados contra la ley y las normas. Pues bien, los tribunales de Justicia y Paz, con la experiencia acumulada hasta ahora, podrían mejorar su capacitación y especialización para asumir el reto de ofrecer justicia a los miembros de la fuerza pública que se dispongan para un proceso de reconciliación.